La seguridad alimentaria es un derecho fundamental vinculado al desarrollo humano. Existe cuando todas las personas tienen en todo momento, acceso a suficientes alimentos sanos y nutritivos que permitan satisfacer sus necesidades alimenticias y disfrutar de una vida sana.
Es por tal motivo, que desde 2016, la República Dominicana cuenta con una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley 589- 16). Esta Ley establece un marco normativo para estructurar y coordinar acciones que contribuyan a alcanzar uno de los derechos humanos más básicos: el de alimentarnos sanamente.
Hace unos meses, la Organización de las Naciones Unidas celebró la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles, donde los países miembros buscaron llegar a un consenso sobre las nuevas acciones que se requieren para transformar la forma de producir y consumir alimentos en el mundo. En esta cumbre, la República Dominicana tomó el compromiso de llevar adelante tres importantes líneas de acción: 1) asegurar la producción y suministro de alimentos a toda su población, ya que en el país y según cifras pre pandemia, un 5,5% de la población no tenía acceso a los alimentos; 2) mejorar la dieta y nutrición de la población; y por último, pero no menos importante, en un país fuertemente afectado por los eventos climáticos, 3) luchar contra el impacto del cambio climático en la producción agropecuaria.
Todas estas acciones presentan algún grado de complejidad mayor o menor, principalmente tratándose de una isla pequeña que comparte frontera con Haití, uno de los países más pobres del Planeta. Pero más allá de eso, creemos que, en esta transformación, la mayor preocupación que existe es sobre cómo hemos venido manejando los sistemas agroalimentarios y, sobre todo, cómo podemos revertir la tendencia actual hacia el consumo de alimentos ultraprocesados que son nocivos para la salud.
Las cifras de sobrepeso y obesidad en la República Dominicana son un claro indicio de que la dieta local que consumimos diariamente no es saludable, ya que casi 3 millones de dominicanos están sufriendo de obesidad (un 27.6%) y 8% de los niños menores de 5 años se encuentran en sobrepeso, según la última encuesta del Ministerio de Salud y ENHOGAR2019.
Pero el sistema agroalimentario también incluye el costo de los alimentos que consumimos, y eso va más allá de la elección de los consumidores. Uno de los aspectos que limitan el consumo de alimentos más nutritivos, como las frutas y vegetales frescos, es su alto costo. De acuerdo al Informe sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición publicado por FAO en el año 2020, en América Latina y el Caribe, el costo de una dieta saludable es el más elevado del mundo. República Dominicana no es la excepción. El costo de una dieta saludable es casi 4 veces más caro que una dieta con productos ultra procesados con un contenido excesivo de grasa, azúcar, sal y sodio, densamente calóricos y bajos en nutrientes.
El alto costo de este tipo de alimentación, unido a la escasa educación alimentaria y nutricional de la población, hace que mantener una alimentación saludable sea un gran desafío para gran parte de la población dominicana, lo que puede acarrear distintos problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, diabetes, y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Esto, además de significar un problema individual, resulta en una evidente recarga a los sistemas de salud nacionales.
Afortunadamente, vemos iniciativas en la dirección correcta para la transformación de los sistemas alimentarios del país. Por ejemplo, y en el marco del Año Internacional de la Frutas y Verduras 2021, varios municipios e instituciones públicas se sumaron al esfuerzo de promover el consumo de estos alimentos en las distintas provincias, para motivar a la población dominicana a adoptar hábitos de alimentación más saludables y equilibrados (como el consumo de 5 frutas y verduras al día).
Por otra parte, diversas instituciones de gobierno tienen programas que apuntan a resolver el acertijo de cómo producir sosteniblemente alimentos nutritivos. El INABIE está creando innovación en las escuelas, un laboratorio gastronómico para que el menú ofrecido a los es-colares tenga una correlación entre los aspectos nutricionales y la gastronomía dominicana, evitando desperdicios de alimentos y promoviendo una alimentación escolar más saludables y divertida.
El programa Supérate desarrolla una innovadora área de inclusión económica, donde la agricultura familiar y el modelo de Casa Sombra son un componente para mejorar la producción sostenible y acceso al mercado de jóvenes rurales. La Dirección de Compras Públicas está promoviendo junto al Ministerio de Agricultura nuevos mecanismos de adquisición de productos agropecuarios por parte del estado. Estos, entre los principales ejemplos a destacar.
Pero necesitamos ir más allá. Es urgente tener un marco normativo que fomente una alimentación saludable desde la escuela a la familia, incluyendo el entorno escolar, además de una normativa legal de etiquetado de los alimentos, que informe a la población sobre los alimentos que presentan un alto contenido de azúcar, sal, grasas y sodio, como se viene haciendo en la mayoría de los países de la Región.
El reciente nombramiento de la Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de República Dominicana, es una buena decisión, que motiva a pensar que existe el compromiso de los parlamentarios por trabajar unidos en estos temas.
En este Día Mundial de la Alimentación, la FAO aboga por que estas iniciativas globales y nacionales prosperen y no queden limitados a esfuerzos aislados. Juntos podemos trabajar por el establecimiento de regulaciones y mayores políticas públicas que fomenten la creación de sistemas alimentarios más fuertes y sostenibles, donde se garantice la seguridad alimentaria, dietas más saludables y nutritivas, al tiempo que se protege el medio ambiente y los recursos naturales. La FAO está comprometida a seguir trabajando de la mano con el Gobierno, en este y otros desafíos.
El autor es Representante de la FAO en la República Dominicana